Derecho constitucional

Resumo: O presente trabalho visa a analisar polêmico tema do Processo Constitucional brasileiro, qual seja, a ação declaratória de constitucionalidade. Assim, analisa-se a possibilidade ou mesmo a necessidade do instrumento da ação declaratória de constitucionalidade na realidade do sistema processual constitucional brasileiro, é dizer, um modelo misto de controle de constitucionalidade (difuso e concentrado) sem ter o stare decisis em sua plenitude. Analisa-se, ainda, a mutação constitucional como autorizadora à revisão, de (in)constitucionalidade de norma declarada constitucional, bem como a necessidade de modulação dos efeitos dessa decisão que proclama a inconstitucionalidade de norma anteriormente declarada constitucional em abstrato pelo STF, a fim de proteger a boa-fé e a legítima expectativa dos jurisdicionados.

Palavras-chave: processo constitucional – ação direta de inconstitucionalidade – ação direta de constitucionalidade – modelo difuso de controle de constitucionalidade – modelo concentrado de controle de constitucionalidade – stare decisis – mutação constitucional – modulação de efeitos

Abstract: This paper aims to analyze controversial issue of the Brazilian Constitutional Process, i.e., the constitutionality declaratory action. Thus, we analyze the possibility or even the need of the instrument of constitutionality declaratory action in the reality of Brazilian constitutional procedural system, a mixed model of judicial review (diffuse and concentrated) without the stare decisis to its fullest. We analyze also the constitutional mutation as an authorization of the review of the (un)constitutionality of the law declared constitutional, as well as the need for modulating the effects of that decision proclaiming the unconstitutionality of the law previously declared constitutional by the Supreme Court in abstract, in order to protect the good faith and legitimate expectations of jurisdictional.

Keywords: constitutional process – direct unconstitutionality action – direct constitutionality action – diffuse model of judicial review – concentrated model of judicial review – stare decisis – constitutional mutation – modulation effects

O presente estudo pretende realizar uma análise da discussão sobre as características da dogmática constitucional, a partir de um recorte temático específico: a posição do estudo das normas constitucionais no âmbito da teoria da constituição brasileira. Foram selecionados 10 (dez) livros de Direito Constitucional editados no Brasil. Adotamos como marcos teóricos a ideia de campo e campo social jurídico formulada por Bourdieu (1987) e sua adaptação ao contexto local feita por Engelmann e Penna (2014). A fim de testar os objetivos a serem cumpridos pelo pensamento dogmático e sua função social, utilizaremos as formulações de Rodriguez (2013) e Ferraz Jr. (1985) como hipóteses provisórias a serem testadas pelos dados coletados. Ao final, concluímos que nossa dogmática constitucional não cumpre os propósitos de sistematizar e racionalizar o conhecimento jurídico sobre determinado tema. Seu propósito é o de oferecer uma série de argumentos abstratos e genéricos, muito embora calcados em leituras particulares sobre o tema das normas constitucionais. Tendo em vista que sua preocupação central é oferecer argumentos de autoridade, é necessário que quem os apresente seja dotado de destacado prestígio no campo jurídico constitucional. A função social desse saber dogmático, dessa feita, é o de abastecer a sociedade com argumentos que derivem de uma pessoa dotada de amplo prestígio no campo social jurídico para que, por fim, seu argumento seja incorporado nas universidades, na prática forense e pelas bancas de concursos.

A propósito de la propagación de la COVID-19, el autor analiza las implicancias de la suspensión de derechos durante las situaciones de emergencia. En ese sentido, señala que no solo los textos constitucionales, como el artículo 137 de la Constitución peruana, suelen incluir institutos de excepción para enfrentar situaciones de gravedad extrema, sino también diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que, bajo circunstancias excepcionales, admiten suspender determinados derechos humanos. En con-secuencia, analiza el alcance de las prescripciones de dos tratados ratificados por Perú: la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

THE RESTRICTION OF HUMAN RIGHTS IN TIMES OF HEALTH, ECONOMIC AND SOCIAL EMERGENCY

RESUMEN: El trabajo tiene por objeto analizar las restricciones de los derechos humanos en épocas de emergencia. En particular, se estudian los supuestos en los que es válido restringir con mayor intensidad los derechos individuales. Seguidamente, se indica si, para enfren-tar esta situación, correspondía declarar el estado de sitio o bien resultaba válido dictar decretos de necesidad y urgencia. Se hace hincapié en la necesidad de respetar el diseño federal de Argentina y evitar decisiones centralizadas. Finalmente, se destaca la impor-tancia de que el Congreso y el Poder Judicial cumplan los roles que constitucionalmente le corresponden en situaciones de emergencia.

ABSTRACT The purpose of this paper is to analyze the restrictions of human rights in times of emergency. In particular, the cases in which it is valid to restrict individual rights with greater intensity are studied. It is specified whether, in order to face this situation, it was appropriate to declare the state of siege or it was valid to issue decrees of necessity and urgency. The need to respect Argentine federal design and avoid centralized decisions is emphasized. Finally, the importance of Congress and the Judicial Power fulfilling the roles that constitutionally correspond to it in emergency situations is highlighted.

PALABRAS CLAVE: Coronavirus, emergencia, decretos de necesidad y urgencia, poder legislativo, control judicial.

KEY WORDS: Coronavirus, emergency, decrees of need and urgency, legislative branch, judicial review.

Desde el Minilab (Laboratorio de Investigación y experimentación de nuevas narrativas no lineales interactivas) del canal Pakapaka elaboramos las siguientes recomendaciones para el Comentario de los derechos de las chicas y chicos en el entorno digital. Contexto históricos y una nueva tecnicidad Articulaciones on/offline de la subjetividad contemporánea Las últimas investigaciones que realizamos en el campo educativo nos muestran que los chicxs se quedan dormidos en clase porque estuvieron toda la noche pasando niveles en el Fortnite, Free fire, League of Legends o Plantas Vs. Zombies. De estos trabajos de campo observamos que, quien deja de jugar, es decir, hace una pausa en el juego, pierde energía o la vida. Además, quien interrumpe el juego, es excluido de su clan o de su equipo. Observamos que, para jugar, tiene que haber conectividad porque son videojuegos multijugador online, y que se juegan sin interrupción, es decir sin posibilidad de pausa. El modo de juego se llama Batalla campal y supervivencia donde todos juegan contra todos y gana el último que sobrevive. Otra de las cuestiones que surge en el trabajo de campo es el consumo de maratones de series y recomendaciones algorítmicas en Youtube y redes sociales para ver un capítulo o canción tras otra sin parar. Lo mismo sucede con las actualizaciones de las tramas en los videojuegos, en las series y en youtubers que acompañan la innovación tecnológica que, muy rápidamente, hace necesario renovar los dispositivos. En esta escena, la ritualidad establecida en la vida cotidiana de las nuevas generaciones se consolida mirando series hasta el infinito o jugando online, hasta el número gúgol que tiene tantos ceros hasta que el cuerpo se cansa. Estos espacios simulados tienen la potencia de crear mundos tales como los que habitamos en los espacios físicos y construir otros nuevos, siempre a condición de que el cuerpo carnal, que está afuera, conectado a una interface, recargue energías y se detenga en algún momento para sostener una duración de movimiento y reposo. En tanto modos de pensar, la creencia de que "todo es posible" y "a mi gusto" en ese estar sin interrupción en la red, probablemente esté transformando el sentido común de las nuevas generaciones, legitimando ese gasto ilimitado y sin pausa por voluntad propia. Prestar atención y nuevos derechos Cuando pensamos hoy en las chicas y chicos lo hacemos en relación a las ideas que tuvimos en la modernidad. Creemos, sin dudar, que lo mejor es concebirlas como sujetos de derecho. Cumplimos con lo políticamente correcto cuando defendemos el acceso a las necesidades de alimentación, de educación, de vivienda, de salud y, a medida que avanzó el siglo XX, sumamos los estandartes del derecho al juego, del derecho a la participación, del derecho a una educación sexual integral. Con estas certidumbres construidas por el sentido común del siglo XX, habitamos hoy la vida cotidiana del siglo XXI. Sin embargo, los derechos de los niñxs protegen a la persona de cuerpo físico carnal y no a sus metadatos, que circulan en los entornos digitales. De esto surgen las preguntas que nos

Quizás porque con la edad nos van quedando menos neuronas, no se me ocurre escribir ninguna cosa nueva sobre el contenido de este libro que no sea una pura actualización (por no decir repetición) de lo señalado en la nota a la segunda edición: esta tercera se justifica porque nuestra Constitución efectivamente vigente sigue cambiando aunque no se haya tocado una coma del texto escrito y si esta edición supera —como creo fervientemente— a la anterior se debe a las sugerencias y a las advertencias sobre mis errores que me han hecho llegar los lectores, sobre todo los alumnos. Y entre ellos, hay uno al que quiero darle las gracias de forma muy especial: Juan Ruiz Ramos, mi hijo mayor, que en contra de mi criterio no solo se embarcó en estudiar Derecho sino que luego se empeñó en leerse de arriba abajo este Compendio y me fue señalando erratas, frase oscuras y cosas que echaba en falta.
Pero más allá de referirme al contenido del Compendio, sí que me gustaría decir algo nuevo sobre el momento histórico en el que casualmente se publica: cuando la Constitución española está sufriendo un gran desafío por parte de las fuerzas independentistas catalanas, que controlan el Gobierno de esa Comunidad Autónoma. A lo largo del libro hago varias referencias, de la forma más objetiva que he sabido, a los efectos jurídicos que está teniendo ese desafío. Sin embargo, en esta nota me gustaría comentar mi opinión personal sobre el futuro del Estado autonómico y so-bre España en general: comparto con muchos ciudadanos y especialistas la idea de que el Estado autonómico está muy lejos de haber conseguido los objetivos con los que se concibió en los primeros años de democracia pues ni ha logrado la satisfactoria integración de los territorios con más deseo de autogobierno ni ha mejorado el funcionamiento general de los poderes públicos; pero, con todos sus defectos, es la forma de Estado que nos ha servido para lograr cuarenta años de democracia y de vida en común. Por eso, mirando nuestra Historia y parafraseando a Winston Churchill, podemos decir que el Estado autonómico es la peor forma de distribución te-rritorial del poder político que nos hemos dado los españoles, con exclusión de todas los demás. Ahora bien, el desafío independentista puede ser un acicate para mejorarlo y hacerlo más integrador y eficaz. Por eso, pienso que los españoles que creemos en una España unida, dentro de una Europa cada vez más integrada, podemos repetir otra frase conocida, en este caso de Antonio Gramsci: “Soy un pesimista con la inteligencia, pero un optimista con la voluntad”.

The paper analyzes judgment no. 242/2019 of the Constitutional Court, which rewrote art.580 of the Italian Criminal Code, by a very detailed manipulative and additive ruling, after the previous order n. 207/2018, by which the same Court gave Italian Parliament one year to amend the current legislation in the indicated sense (without the Parliament obeying). According to the judgment, aid to suicide remains a crime,
but the person who facilitates the execution of the suicidal purpose is no longer punishable in cases where the suicidal aspirant is in certain conditions, verified by public structures of the national health system and by the territorially competent ethical committees. One of the conditions is that the person is kept alive by lifesupport treatments and suffering from an irreversible pathology, source of physical or
psychological suffering which he or she considers intolerable. The sentence, which is a “legislative” and derogating rule, is criticized by the Author not only because of the principle of democracy and because it is the expression of a political will on the part of a constitutional guarantee body, but also as it opens a gap in the guarantees placed to protect right to life, despite the fact that the Court defines it the most inviolable right and premise for the exercise of all other rights. The judgment is then based on the questionable assumption that refusing health
treatments is the same as intentionally procuring death, as well as on the idea that suicide aid could be qualified as health treatment, in disagreement with the opinion of scientific medical societies. However, the Author considers appreciable that the Court has clarified that from the right to life derives the State’s duty to protect life and not to recognize aid to die; and that, consequently, there is no duty of the doctors to grant these requests. Equally appreciable are the statements on the priority of palliative care, a pre-requisite for other choices, an aspect of the fundamental right to health, as well as a universally recognized human right, very different from “non-punishable” paths, as assisting in dying.Finally the Author notes how the drama caused by Coronavirus, a few months lather, has brought to light that the foundation of medicine, in reality, is not the patient's autonomy, his will and the informed consent itself. The same myth of self-determination,
as a perspective capable of interpreting the whole reality of medical relationships, has gone into crisis. Moreover many doctors gave their lives to assist the sick, certainly not for the ideal represented by the
principle of informed consent or autonomy, but for the reason that doctor's duty is «the protection of life, physical and mental health of Man and relief from suffering», as many Medical Code of Ethics in the world
state. Ultimately, the challenges posed by the pandemic in awakening the sense of humanity and solidarity have also awakened sensitivity to fundamental rights, and in particular to the right to life and health, where
the role of medicine and its orientation is crucial. Furthermore, the just fear of "unjust discrimination", which arose in the face of the scarcity of therapeutic resources, could help develop greater awareness of the
discriminatory ideology inherent in recent euthanasia claims, which always imply a distinction between worthy and unworthy lives.

O artigo busca investigar se o Tribunal de Contas da
União (TCU) pode ser enxergado ou não como um órgão
político. Há uma divergência entre a adjetivação que se
confere ao TCU, ora sendo denominado de órgão técnico,
ora de órgão político. O trabalho tem por objetivo investigar
o caráter político do Tribunal, abordando-se três
aspectos diferenciados: a composição dos membros do
TCU; a função exercida pela Corte; a influência externa
sofrida sobre suas atribuições e a exercida pelo TCU nos
processos legislativos. Para a realização do paper, utiliza-
-se o método de abordagem indutivo, possuindo natureza
descritiva e exploratória quanto aos fins e bibliográfica
e documental em relação aos meios. Ao final, observa-se
que a compreensão do TCU como órgão político depende
justamente do critério utilizado. Deste modo, conclui-
-se que: a) no que tange ao corpo de Ministros do TCU, a
Constituição não impede, tampouco fomenta que o Tribunal
figure como político; contudo, a prática demonstra
que se constitui como político, prevalecendo nomeações com esse caráter; b) quando se pauta pela função exercida,
o TCU não é político; c) em relação à influência externa
sofrida em alguma de suas atribuições, bem como
a que exerce no processo legislativo, o TCU figura como
órgão político.